ALEXANDER LÓPEZ MAYA Senador de la República de Colombia 

 

 

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El presidente Juan Manuel Santos objetó una nueva ley que fue aprobada el año pasado por el Congreso de la República. Se trata de una norma que fijaba honorarios para los ediles e integrantes de las Juntas Administradoras Locales de todo el país. En el documento dirigido al Congreso, el presidente argumenta objeción por inconstitucionalidad, al considerar que se viola la norma en la que se establece el derecho que tienen la entidades territoriales para administrar sus recursos, particularmente sus ingresos tributarios y no tributarios. Además, asegura que esta no es razón suficiente para que el poder legislativo intervenga en la destinación de los fondos de propiedad de los municipios. El Gobierno asegura que crear una remuneración para los integrantes de las JAL, implicaría nuevos gastos de funcionamiento para las localidades, además del impacto fiscal que puede generar esta ley para los presupuestos.

Esto fue rechazado por los senadores Doris Vega y Eduardo Enríquez Maya, impulsores del proyecto en el Congreso, quienes señalaron que la iniciativa estaba enfocada a reconocer la labor meritoria que cumplen los ediles a la hora de vigilar las inversiones que se hacen en las localidades.

Madres comunitarias se quedaron sin trabajo estable: presidente objetó la ley

El presidente señaló que la norma que daba garantías laborales a las madres comunitarias es inconstitucional y genera un impacto fiscal de altas proporciones.

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La ley que buscaba garantías laborales para las madres comunitarias del país, encargadas de los cuidados de casi 750 mil niños de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, no será una realidad. El presidente Juan Manuel Santos objetó esta iniciativa al considerar que era inconveniente en su totalidad porque resulta contraria a la Constitución y porque “genera un impacto fiscal de enormes proporciones”. Según explica el concepto de la presidencia, la posibilidad de dar subsidio a la vejez y educación gratuita a las madres comunitarias “afecta seriamente la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal”. Es decir, no hay plata con qué cumplir con esa promesa. La polémica explicación de la presidencia también se refiere a la posibilidad de que las más de 50.000 madres comunitarias tuvieran un contrato a término indefinido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al respecto señala que se ampliaría la planta laboral de 6.000 personas a 61.000. En síntesis, los beneficios que se buscaban para las madres comunitarias quedaron en letra muerta y una de las justificaciones que plantea el Gobierno es que, desde 2014, las madres comunitarias gozan de protección laboral mediante su vinculación con las entidades administradoras del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar. Es decir, continuarán bajo la figura de la tercerización laboral. (Lea: El calvario de las madres comunitarias) Hace casi un año, las madres comunitarias del país se ubicaron frente de la sede del ICBF en Bogotá durante 11 días, precisamente para protestar por las precarias condiciones laborales. En ese momento, hubo un duro debate en el Congreso, realizado por el senador del Polo Democrático Alexander López contra la directora del ICBF, Cristina Plazas, en el que desnudó irregularidades como la informalidad de las madres comunitarias, la pésima y mal balanceada alimentación de los menores y los contratos millonarios a entidades que eran, finalmente, las encargadas de subcontratar el cuidado de los niños. Por ese motivo, el mismo senador López inicio el trámite de esta ley que fue objetada de un plumazo. En su articulado planteaba que entre otros temas: vinculación laboral formal con trato preferencial a madres cabeza de hogar; capacitación y vinculación educativa; para quienes hayan trabajado durante más de 10 años tendrán acceso a pensión, siempre y cuando tengan más de 57 años. Además, planteaba que la alimentación de los menores fuera entregada con contenidos nutricionales adecuados y acorde a las costumbres gastronómicas de la región. Así las cosas, con la objeción de la ley, más de 50.000 madres comunitarias seguirán pendientes de la contratación que se realice a través de terceros, que establecen convenios interinstitucionales con el ICBF. Lo que podría ir en contravía de una sentencia de la Corte Constitucional que dejó claro que las madres comunitarias tienen derecho a todas las garantías laborales. No obstante, según el concepto de la objeción presidencial, el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, a través de contratos laborales, genera las garantías mínimas previstas en la legislación laboral colombiana, contenidas de manera especial en el Código Sustantivo del Trabajo. El Espectador habló con el senador Alexander López, autor de la ley que objetó el presidente Santos y fue radicalmente crítico “El gobierno no puede ser miserable con las madres comunitarias. ¿A quien le dieron el premio Nobel de Paz? Al que tiene la mano tendida para los violentos a los que les van a dar salarios y seguridad social y hace lo contrario con más de 50.000 señoras que cuidan a niños en condición de vulnerabilidad”. López agregó que “es mentira el argumento de que la contratación de las madres comunitarias generaría un gran impacto fiscal. Esa plata ya se la están dando a fundaciones que además reciben beneficios tributarios, lo que pretendíamos era eliminar esa intermediación y que fuera el estado directamente el que le garantizara el trabajo a las madres”.

 

“Santos se equivoca al objetar el proyecto de ley de las madres comunitarias”

Así lo dijo el senador Alexánder López, autor del proyecto de ley que fue devuelto al Congreso por orden del presidente de la República. Este es el panorama.

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Un nuevo capítulo de la lucha de las madres comunitarias empezó este jueves. Esta vez, cuando ya parecía una realidad el proyecto de ley que les iba a asegurar contrato de trabajo a término indefinido y subsidio permanente a la vejez, el presidente Juan Manuel Santos frenó el proceso al objetarlo, es decir, lo devolvió al Congreso cuando ya estaba a punto de ser sancionado. Las razones del presidente: el proyecto de ley resultaba inconveniente en su integridad, al ser contrario a la Constitución, además de generar un impacto fiscal de enormes proporciones debido a que, según sus cálculos, representaría casi 800.000 millones de pesos. Consulte: Fallo a favor de madres comunitarias podría quebrar al ICBF: Cristina Plazas En términos prácticos, si el proyecto se convierte en ley, se "les va a dar más prioridad a las madres comunitarias, al capital humano, que a la atención real de los niños y el artículo 44 (de la Constitución) dice que los derechos de los niños priman sobre los demás", explicó Claudia García, gerente de madres comunitarias del ICBF. El autor del proyecto de ley, senador Alexánder López, del Polo Democrático, está en desacuerdo con este argumento e incluso asegura que al objetar la ley se afecta también a los menores. “El presidente Santos se equivoca e incurre en una actitud miserable al objetar el proyecto de Ley de las madres comunitarias, en una decisión lamentable que desdice de su condición de presidente de la República que ocasiona que más 1,5 millones de niños y niñas pierdan la posibilidad de tener una alimentación adecuada basada en las necesidades nutricionales de su edad y peso, incluidos en el proyecto de ley”, explicó el senador. Puede leer: Prestaciones sociales a madres comunitarias agravará la situación fiscal Otro de los temas álgidos por los que la ley fue devuelta a los debates en el capitolio es el subsidio permanente a la vejez, contemplado en el proyecto de ley. Este beneficio era para que las madres que tuvieran por lo menos 10 años laborados en los programas del ICBF, acreditaran la condición de retiro, tuvieran como mínimo 57 años, no estuvieran pensionadas y no fueran beneficiarias del mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos. Sin embargo, el Gobierno considera que las madres comunitarias ya gozan de beneficios pensionales. Las trabajadoras que no cotizaron pensión son las que pueden tener el subsidio pensional de 280.000 pesos; las que aportaron, tienen la edad pero no las semanas necesarias con las que recibirán los Beneficios Económicos Periódicos y otras tantas pueden acceder a cinco años que le regalan para que se puedan pensionar. Le sugerimos: “Yo soy la madre comunitaria de Nairo Quintana” El ICBF asegura que de llegar a buen puerto el proyecto de ley, los costos desbordarían el instituto, además iría en contravía de la ley de Primera Infancia y las madres se verían afectadas. "Esta ley no beneficia a las madres comunitarias que están hoy en día porque si entran a la nómina del ICBF yo tengo que empezar a hacer un trabajo con la Comisión del Derecho Civil y entran a concurso, porque entrarían a planta (...) y no todas ellas pasarán y esto hace que muchas de estas madres salgan", explicó Cristina Plazas, directora del ICBF. El dinero que cuesta la puesta en marcha de la ley es una de las grandes preocupaciones del Gobierno porque esto se da justo después de que la Corte Constitucional ordenara pagar prestaciones sociales a un grupo de 106 madres comunitarias del ICBF, que interpusieron una tutela para que les respetaran sus derechos al trabajo y a la seguridad social. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se ha mostrado angustiado y ha dicho que están evaluando los pasos a seguir. Según algunas estimaciones extraoficiales, cumplir el fallo costaría seis billones de pesos. “No es cierto que los derechos prestacionales de las madres comunitarias demanden recursos económicos adicionales al presupuesto ya existente para tal fin, que en la actualidad se malgasta en especuladores, intermediarios y operadores innecesarios”, advirtió el senador López. Así las cosas, este es apenas un nuevo capítulo que empieza con las madres comunitarias, el Congreso volverá a discutir y los defensores y detractores de la ley seguirán poniendo sobre la mesa sus argumentos. LO MÁS LEIDO Critican a Maluma por rechazar beso de una admiradora en México Así debe inscribir su cédula para votar en las elecciones "Los hijastros no son mercancía que puede ser desechada": corte 14 COMENTARIOS TEMAS RELACIONADOS MADRES COMUNITARIAS JUAN MANUEL SANTOS ICBF CRISTINA PLAZAS CONGRESO DE LA REPÚBLICA POLO DEMOCRÁTICO INFANCIA POLÍTICA | 10/25/2017 9:00:00 AM Los apretados tiempos del ‘fast track' La pelea que se vivió en la Cámara de Representantes evidenció la contrarreloj que viven las normas de la paz. El gobierno pide tiempo extra, pero no es muy probable que la corte lo conceda. Fast track termina en noviembre y no han pasado todos los proyectos Los apretados tiempos del ‘fast track' Foto: Fotomontaje SEMANA Haciendo cuentas, al Congreso le restan dos meses cortos para entrar en el llamado receso legislativo, que normalmente se extiende hasta marzo. Lo que en otras palabras significa que los proyectos de ley tienen hasta ese mes para ser aprobados, de lo contrario deberán esperar unos meses más. Esto sería parte del normal transcurrir de la agenda legislativa, sino fuera porque iniciativas muy importantes para el proceso de paz no avanzan y sin el ‘fast track‘ que se acaba en noviembre su futuro se ve muy enredado. Ese miedo quedó expuesto en la noche del martes en la plenaria de la Cámara de Representantes. Un nutrido grupo de congresistas expresó su malestar por las técnicas dilatorias que estaría utilizando el presidente de esa corporación, Rodrigo Lara. El ambiente se tornó muy álgido. Angélica Lozano lo describió como "una insoportable sesión, llena de trampas y abuso" y Germán Navas Talero aseguró que en 19 años no había visto algo semejante. Los liberales le pidieron la renuncia por considerar que no tenía la altura para liderar esos debates y el grupo Voces de Paz aseguró que estaba extralimitándose en sus funciones. La sesión duró más de 12 horas y finalmente no se llegó a ningún punto importante. Por eso, cuando Lara propuso retomar la sesión pasadas las 12 de la noche se armó troya. Muchos congresistas aseguraron que esto se había hecho para que no existiera quorúm y se tuviera que aplazar la sesión para dentro de ocho días. Lara se defendió en la W radio en la mañana del miércoles asegurando que lo que hay detrás es lo que él ha llamado "la ley Cristo". Según él, la reforma política que se está debatiendo busca crear ventaja al ex ministro del Interior en su aspiración a la presidencia. Señaló que a 15 días del calendario electoral lo que busca Cristo es modificar la constitución para que las reglas electorales se alteren y él pueda tener mejores condiciones en su carrera a la Casa de Nariño. Puede leer: Polémica por millonarios costos de la consulta liberal Más allá de la contienda presidencial lo que hay detrás es una enorme preocupación pues como van las cosas es muy díficil cumplir con lo pactado en los acuerdos de La Habana. En en este momento, hay dos iniciativas claves para el gobierno que se derivan del acuerdo de paz y que hacen curso en el legislativo: la ley estatutaria que reglamentará la Jurisdicción Especial de Paz, conocida como la columna vertebral del texto firmado entre el gobierno y la entonces guerrilla de las Farc, y la reforma política que encendió el martes la polémica. Ad portas del fin del ‘fast track’ ambos penden de un hilo. Y en el caso de la JEP, la falta de esa norma impediría poner a andar el andamiaje más importante para la implementación de lo pactado. La famosa“vía rápida” ha generado una fuerte polémica frente a si la fecha de caducidad es el 30 de noviembre o a finalizar el último mes del año. Sobre esta fecha existe un problema de interpretación. En mayo pasado el gobierno, en cabeza del entonces ministro del Interior (e) Guillermo Rivera, le envió una carta a los entonces presidentes de Senado y Cámara de Representantes, el senador Mauricio Lizcano y el representante Miguel Ángel Pinto, en la que le solicitaron la ampliación por seis meses más del ‘fast track’, posibilidad que quedó abierta en el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2016. “Dicho procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del gobierno nacional ante el Congreso de la República”, dice tal cual la iniciativa legislativa. En la carta Rivera agregó: “el término de seis meses se computará dentro de los períodos de sesiones del Congreso de la República, sin incluir el período de receso”. Si bien el presidente Juan Manuel Santos pidió sesiones extraordinarias, al final los partidos tomaron la decisión de sacar un mes de receso. Por eso, en teoría el ‘fast track‘ iría hasta finales de diciembre, pero la decisión final la deberá tomar la Corte Constitucional. Lo que sí es cierto es que el tiempo y la coyuntura política hace mella en el gobierno. Descontando la salida de vacaciones de los congresistas, el gobierno se ve enfrentado con otro panorama que son las elecciones legislativas del 2018. Las inscripciones para quienes quieran repetir en el Congreso se abren el 11 de noviembre y empiezan la carrera de las campañas políticas, por lo que los legisladores pasarán más tiempo en sus regiones, lo que en otras palabras debilitará el quórum. El tema, por ser una interpretación de una reforma constitucional, está en manos de los nueves magistrado de la sala plena de la Corte Constitucional, que entrarán a analizar el punto del mes receso legislativo que dice la carta del gobierno en un caso concreto el día que alguien considere que un proyecto de ley o acto legislativo del paquete de paz se presentó o aprobó fuera del tiempo del ‘fast track’. Entrevista: “Vamos a buscar una redacción que deje tranquilas a las Farc”: MinInterior sobre la JEP Uno de los escenarios que se podría presentar es que el concepto de la corte saldría probablemente el otro año, cuando el proyecto ya haya sido aprobado, lo que podría generar dos situaciones: que la corte lo declare inexequible o que los magistrados declaren que presenta vicios “saneables”. Para este último cabe el siguiente ejemplo: si la reforma política es aprobada en diciembre, cuando en teoría no habría ‘fast track’ (y este hace que las leyes no tengan cuatro, sino tres debates) el alto tribunal podría pedirle al Congreso que le dé uno más, sino sería inconstitucional. ¿Qué es el ‘fast track’? El 13 de diciembre pasado la Corte Constitucional cerró el debate que tenía en vilo el mecanismo que agilizaría los proyectos de ley y reformas constitucionales derivadas del acuerdo de paz, que 20 días atrás se había firmado en el Teatro Colón, en el Centro de Bogotá. De esta manera, la alta corte aprobó el ‘fast track’ (vía rápida), entendido como el mecanismo que está contemplado en el Acto Legislativo 1 de 2016 presentado por el gobierno, que estableció los instrumentos jurídicos de la implementación de la paz y buscó reducir el número de debates de por lo menos 50 iniciativas de ley que se derivan de lo acordado en La Habana. Así las cosas, se recortó el tiempo de trámite legislativo y el Congreso se vio obligado a votar en bloque todos los proyectos. Es decir, sin poder presentar proposiciones que fueran en contra de la iniciativa o la modificaran sustancialmente. Sin embargo, la misma corte terminó por cambiarle el ritmo a ese procedimiento exprés. En un fallo aseguró que la prohibición de debatir punto por punto los temas y de proponer nuevos artículos sin el aval del gobierno era inconstitucional. Puede leer: Corte le da duro golpe al Fast Track Con el Fast Track el gobierno ha logrado sacar adelante iniciativas importantes. Entre ellas está el acto legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz, el estatuto de oposición, la participación política de las Farc y la Ley de Amnistía, primer proyecto presentado por el gobierno y aprobado en tiempo record a finales de diciembre: solo tres debates, uno en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, y uno en la plenaria de Senado y otro en la Cámara, que se realizaron a la vez. Le recomendamos: Las cuatro críticas de la fiscal de la CPI a la Justicia Especial para la Paz Lo más probable es que la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz sea aprobada a finales del otro mes. Todo lo contrario sucede con la reforma política, que su segundo debate no ha podido iniciar formalmente por dilaciones, impedimentos y la falta de voluntad de los congresistas que no están presentes a la hora de la votación. Pero además hay más proyectos que hacen fila para entrar al Congreso y que también se desligan del acuerdo de paz, como la ley estatutaria que pretende hacer modificaciones parciales a la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías), varios relacionados con el punto del agro, entre otros. De ahí la urgencia del gobierno para tramitarlos por la famosa “vía rápida” hasta diciembre.

 

Objetar ley de madres comunitarias es miserable por parte de Santos: Autor

En el Congreso rechazaron la medida del presidente Juan Manuel Santos de objetar la ley que formaliza laboralmente a las madres comunitarias de todo el país y señalaron al Jefe de Estado de tener una actitud miserable por ello.

El senador Alexander López, autor de la norma, aseguró que no son válidos los argumentos del mandatario sobre falta de recursos para pagar el salario de estas mujeres, porque lo único que se debe hacer es dejar de tercerizar la contratación y vincularlas directamente con el Estado de forma indefinida. “Es una actitud miserable del presidente Santos Nobel de Paz. Yo no entiendo como por un lado el presidente habla de reconciliación y cuando se trata de los derechos de los niños en Colombia y de los derechos de unas mujeres que han entregado su vida al Estado para garantizar la atención de los menores, el mandatario se los niega”, señaló. “La reforma tributaria, que sí afecta considerablemente el bolsillo de los colombianos, la sancionó el presidente Santos en menos de 24 horas”, agregó. El senador Alexander López espera que los congresistas sean leales con su voto y no acepten las objeciones del Gobierno Nacional y envíen la ley que garantiza la estabilidad de las madres comunitarias, a examen de la Corte Constitucional.

Presidente Santos Objeta Ley de Madres que pretende brindar mayor seguridad a madres comunitarias.